Avanzarán con una ofensiva contra el empleo no
registrado en todo el país. Consideran prioritario un acuerdo tripartito con
empresarios y gremios.
Esto sumado a la implementación de un cuerpo de
inspectores con jurisdicción federal en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos
Aires, que incrementarían la actual dotación de 400 agentes que posee el
Ministerio de Trabajo de la Nación (MT), serían el eje de una convocatoria a la
comisión de empleo del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que se
concretaría la semana próxima.
La creación del "veraz laboral" a consideración de algunos
expertos sería de rápida implementación teniendo en cuenta los registros del
CUIL y el cruce con la información que Trabajo posee de sus delegaciones en todo
el país, indicó el diario BAE.
La presidenta Cristina Kirchner subrayó la decisión
para disminuir el 32% de trabajo ilegal actual hasta lograr "un régimen de
plena ocupación". Dentro del universo laboral el sector rural presenta el
foco de mayor atención para regularizar.
Esos estudios también reforzaron la convicción de que
un cuerpo de agentes "federales" propiciarán controles cada vez más
precisos en todas las provincias y la CABA, respaldados incluso por el
"veraz" laboral, agregó el matutino.
El abogado laboralista y diputado del FpV Héctor
Recalde confía en que dentro de las medidas contra el trabajo ilegal que
analizará la comisión tripartita (Gobierno, sindicatos y empresarios) dentro
del CSMVM también se incluya el proyecto para la reducción de la jornada
laboral de 48 a 45 horas semanales, como mínimo.
Esa iniciativa se basa en una disposición de la
Organización Internacional del Trabajo de 1988. Allí ese organismo
internacional dedujo que a partir de la reducción horaria se aumenta el
presentismo, hay menores chances de accidentes laborales y al mismo tiempo se
incrementa la productividad.
Los sindicalistas que se reunieron con Recalde confían
en que esos tópicos "beneficiosos" puedan seducir a los empresarios
para que apoyen el paquete de medidas contra el trabajo ilegal. Esa lectura
también es compartida por el Ejecutivo, donde consideran determinante la
postura empresaria para dinamizar la ofensiva contra el empleo no registrado y
confían en lograr el respaldo incluso de los hombres de negocio "no
afines" al modelo.
